Reflexiones feministas sobre el no binarismo.
Kim Pérez (Conjuntos Difusos).
Belissa Andía (Secretariado Trans de ILGA)
Miquel Missé (Guerrilla Travolaka)
Miriam Solà (Colectivo Medusa).
Una mujer, cuya hermana de 27 años sufre cáncer y tiene 10 semanas de embarazo, recurrió ayer al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para demandar que el Estado le permita interrumpir el embarazo, y pueda ser sometida a un tratamiento radiactivo y así alargar sus probabilidades de vida para velar por una hija de 10 años que tiene.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez —quien asumió el acompañamiento de este caso, junto al llamado Grupo Estratégico contra la Penalización del Aborto Terapéutico—, lo calificó como un caso “dramático y doloroso”.
Núñez expresó que pese a permanecer la paciente internada desde hace 17 días en el Hospital Oscar Danilo Rosales, de León, no ha recibido ningún tratamiento contra el cáncer.
El Cenidh recurrió ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo medidas cautelares a favor de la mujer a la que únicamente identifican como Amalia, para que el Estado de Nicaragua garantice “el acceso adecuado a los servicios de salud de calidad con el fin de asegurar el tratamiento efectivo que necesita la paciente”.
Una hermana de Amalia, quien dijo llevar el mensaje de ésta, no pudo continuar hablando pues sus palabras fueron entrecortadas por el llanto en varias ocasiones.
“Estamos pidiendo que a mi hermana se le haga el tratamiento, estamos pidiendo que mi hermana no se les olvide que es un ser humano, estamos pidiendo que ese tratamiento sea pronto”, expresó la hermana de Amalia, sin poder continuar.
La jefa de obstetricia del hospital leonés le respondió que no interrumpen el embarazo porque está penado por la ley, porque es delito “prácticamente le dicen con ese mensaje ‘morite’, ésa prácticamente es una persona que está condenada a muerte, metida en el callejón de la muerte esperando que se muera”, señaló Núñez.
Esto, según la presidenta del Cenidh, es el resultado de “las barreras de acero que para el ejercicio de los derechos de las mujeres ha puesto el actual Gobierno”.
La presidenta del Cenidh criticó que antes de conocer el diagnóstico de cáncer, Amalia había visitado varias veces un centro asistencial de León, donde nunca le hicieron un diagnóstico adecuado. En primera instancia acudió por una llaga en la piel que le costó que le amputaran un dedo, luego siguió con otros síntomas gástricos y pulmonares, que le causó que le diagnosticaran tuberculosis. Cuando acudió a un centro asistencial privado fue que le negaron que padeciera de esa enfermedad.
CONFIRMAN CÁNCER
Fue hasta hace 17 días que Amalia acudió al Hospital Oscar Danilo Rosales cuando le dieron la fatal noticia, sufría de cáncer y estaba embarazada. Desde entonces ahí ha permanecido y únicamente le han suministrado hierro para la anemia que sufre y un antialérgico.
“Amalia es una persona que ha sido varias veces revictimizada porque el calvario de Amalia, no empieza hace 17 días que entró al Oscar Danilo Rosales, de León (...) es una víctima más de una negligencia médica que empezó mucho tiempo atrás, cuando ella asistió a un centro hospitalario presentando una dolencia, una llaga en un dedo”, sostuvo Núñez.
El doctor Oscar Flores, integrante del Grupo Estratégico, manifestó que se trata de un cáncer metastásico diseminado en todo el organismo de Amalia, problema que se agrava por la presencia del embarazo.
“Como hay cambios en los procesos inmunológicos de Amalia lo más seguro es que la presencia del embarazo va a acelerar el avance del cáncer metastásico que tiene en este momento, lo va agravar, eso significa que se va a cortar su tiempo de vida y eso significa que su calidad de vida en la cual ella va a estar, si evoluciona el embarazo, va a ser un estado muy lamentable y delicado”, dijo el doctor Flores.
El médico manifestó además que de aplicarle un tratamiento contra el cáncer a la paciente afectaría directamente el embarazo, “produciéndose lo más seguro la muerte fetal y la pérdida del embarazo”.
Es por ello, que Flores considera que lo primero que deberían ordenar es la interrupción del embarazo y ejercer el tratamiento, con el propósito de que éste sea lo más efectivo posible.
El problema —dijo el médico— es que las leyes del país “dicen que si nosotros provocamos un daño voluntario o involuntario o incluso psicológico a un producto por nacer, vamos a la cárcel”.
LA PRENSA trató de obtener otro criterio médico sobre el particular, pero el especialista doctor Ervin Rodríguez prefirió abstenerse de hacerlo, debido a que es un caso del cual no conoce el expediente clínico.
Flores, en tanto, mostró preocupación porque la paciente tiene tres semanas de estar internada en el hospital de León, y en estas tres semanas no se ha tomado una decisión.
QUE LA TRANSFIERAN
“La otra opción es que diga el hospital y los médicos (del hospital de León), nosotros tenemos nuestra objeción de conciencia porque las leyes no nos lo permiten y entonces busquemos cómo referir a Amalia a Managua, a otro hospital, a otra institución, donde se le puede brindar la atención que ella necesite para brindarle calidad de vida”, sostuvo Flores.
Para el médico del grupo defensor de la despenalización del aborto terapéutico “es muy natural que exista temor entre los médicos (...) si hacen la interrupción del embarazo cometen delito, si ellos hacen y aplican el tratamiento que tienen que hacer van a provocar la muerte fetal, van a cometer un delito y van a la cárcel”.
Flores refirió que es por ello que es urgente que la Corte Suprema de Justicia resuelva los recursos que por inconstitucional han introducido contra la penalización del aborto terapéutico en el país.
El aborto terapéutico fue penalizado en la legislación nacional desde el 2006 y este tema considerado como violación a los derechos humanos en el país ha sido elevado en los últimos informes que las organizaciones no gubernamentales presentaron ante las Naciones Unidas.